Crisis ecológica en el Estado Español. Propuestas anticapitalistas

Crisis ecológica en el Estado español3A 20 AÑOS DE LA CUMBRE DE LA TIERRA

Cuando se van a cumplir 20 años de la Cumbre de la Tierra, el escenario ecológico no se puede decir que sea muy halagüeño. El clima global de optimismo seguido a la caída del muro de Berlín y la aparente prosperidad de la economía capitalista no ha podido traducirse en un aumento y mejora de la calidad de vida de la población y, desde luego, de la conservación y mantenimiento de los sistemas naturales y los procesos ecológicos esenciales. Los escasos acuerdos alcanzados en Río ni siquiera han sido aplicados y desarrollados hasta sus últimas consecuencias.

En efecto, el Convenio contra el cambio climático, formulado en términos muy minimalistas para tranquilizar a la administración Bush de la época y su defensa del “american way of life”, ha sido desarrollado por un asimismo tímido Protocolo de Kyoto del que ya solo recordamos su mercado de derechos de emisión y sus mecanismos flexibles cuyos resultados además de no producir reducciones significativas del volumen de emisiones GEI CO2, han operado una suerte de deslocalizaciones de actividades contaminantes que tampoco se ha traducido en una mejora de la justicia global medida en términos de crecimiento del bienestar de los países del sur. Durante las etapas de prosperidad relativa de los dos pasados decenios, las iniciativas en esta materia han sido decepcionantes cómo lo prueba la última conferencia de Durban. Ni siquiera el hundimiento de las economías de regiones enteras del planeta ha hecho posible modificaciones sustanciales de la tendencia de crecimiento de las emisiones que los científicos caracterizan ya como de efectos irreversibles.

El Convenio para la protección de la Diversidad biológica ha tenido aún menos transcendencia, arrinconado entre las aspiraciones al crecimiento de los países que albergan un importante patrimonio biológico y los deseos de control de te patrimonio por parte d elas grandes corporaciones que realizan auténticos expolios de los bienes comunes de semillas, plantas,etc amparados por el Dº Internacional de patentes. Solo de algunos gobiernos latinoamericanos que han constitucionalizado concepciones claramente adaptadas a la gran aventura de supervivencia de nuestra especie es posible encontrar iniciativas que, aunque parciales y en ocasiones contradictorias, apuntan en a única dirección en la que el curso global puede ser dirigido para evitar el colapso ecológico (y energético y económico) que se avecina.

Un colapso que puede tomar formas muy diversas entre las que destacan las que han caracterizado la historia del capitalismo desde su nacimiento, las guerras por a apropiación y el control de los recursos. Desde los 90 USA, en pos del control de los yacimientos de petróleo de Oriente Medio, ha llevado a cabo una agresiva política en contra de los Estados soberanos que los albergan y fruto de las cuales se han producido los saqueos y la devastación de los pueblos de Iraq y Afganistán así como el mantenimiento de las peores tiranías que operan como regímenes títeres de la potencia global

  1. LA GRAVEDAD DE LA DIMENSIÓN ECOLÓGICA DE LA CRISIS EN EL ESTADO ESPAÑOL.-

En el Estado español la situación ambiental no es precisamente halagüeña. Para no alargar en exceso esta aportación se enuncian en forma sumaria los principales elementos de la crisis ecológica:

    • Pérdida acelerada de patrimonio genético, de biodiversidad
    • Íd suelo y cubierta vegetal
    • Degradación de espacios y paisajes naturales
    • La gestión burocrática y capitalista del agua, una crisis sin salida
    • La ocupación masiva y artificialización del litoral, la destrucción de los ecosistemas del litoral, la desaparición de especies y hábitats
    • La contaminación atmosférica en las grandes ciudades
    • El elevado peso del consumo energético y la producción de CO2 por unidad de PIB.

2. CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Todos los fenómenos anteriores citados a título de ejemplo, han alcanzado una intensidad especial en el Estado español como consecuencia de los rasgos característicos del modelo de crecimiento económico realmente experimentado desde la década de los sesenta del pasado siglo y cuyos rasgos principales son

  • La “puesta en valor” de un riquísimo patrimonio natural y ecológico mediante su utilización al servicio de un conjunto de actividades económicas relacionadas con la expansión del sector inmobiliario, turístico y residencial, todo ello garantizado por una expansión constante de las grandes infraestructuras del transporte, especialmente por carretera
  • Un modelo de ordenación del territorio que ha privilegiado la concentración de la población en los espacios litorales (44% de la población en una franja que representa el 7% de la superficie total).
  • El asentamiento de estos modelos ha sido posible por la hegemonía de un conjunto de políticas públicas diseñadas, implementadas y ejecutadas al servicio de una coalición de intereses coincidentes en la explotación y el expolio de los recursos naturales y el territorio. El dominio de la vieja oligarquía financiera y terrateniente bajo el franquismo ha sido sustituido por el de un bloque social más amplio cimentado en el aprovechamiento de las rentas y los beneficios derivados de esa puesta en valor del territorio.
  • Con la incorporación del Estado español a la UE, estas tendencias se han acentuado. La aplicación de los fondos comunitarios, lejos de utilizarse para operar una convergencia social con los países más avanzados del centro, se han destinado a la construcción de una red de infraestructuras del transporte-sobre todo de carretera pero también portuario y aeroportuario- con una dotación tal que puede alcanzar índices de subutilización (especialmente en épocas de reducción de la actividad económica como la que sin parangón con cualquier país de la UE.
  • En la construcción de esta inmensa red de infraestructuras, de la dotación hotelera y residencial en las épocas del boom económico, el incremento en el consumo de recursos naturales -suelo, agua, espacios naturales, energía-, de generación de residuos y desechos de todo tipo- RSUs, vertidos urbanos e industriales, contaminación atmosférica- se ha multiplicado exponencialmente y, con ellas, la demanda de servicios de “metabolismo urbano” y de corrección ambiental, con la consiguiente repercusión en el coste de los servicios públicos colocando a las administraciones públicas en una situación de verdadera crisis fiscal que ofrece argumentos y abre la puerta a procesos de privatización de los mismos.
  1. LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y LA IMPOSIBILIDAD DEL CAPITALISMO VERDE.

Desde sus inicios en la década de los setenta del pasado siglo, las políticas ambientales se han desarrollado bajo la sospecha, tanto en gobiernos de la izquierda como de la derecha, de representar un obstáculo al crecimiento económico y a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, un impedimento a las aspiraciones de bienestar y prosperidad de la sociedad española. Hasta tal punto que el crecimiento del gasto público en medio ambiente no adquiere un nivel significativo hasta la adhesión a la CEE y la adhesión a su acervo de normas ambientales junto con los recursos proporcionados por los fondos estructurales, fundamentalmente FEDER Y COHESIÓN.

Rechazadas enérgicamente por el empresariado español al principio, especialmente el industrial, la aceptación de la normativa y la política ambiental viene de la mano de las oportunidades de negocio que representan para un sector del capitalismo español, fundamentalmente el de la construcción de obra civil agrupado en la gran patronal SEOPAN que hoy dirige quién fue principal consejero económico de ZP. Para los más perspicaces representantes de este sector (FCC, Acciona,etc),las políticas ambientales y la ejecución de las inversiones que conlleva, se convierte en una inmensa oportunidades de negocio que puede compensar la reducción potencialmente experimentada por la gran obra pública.

Situada en este contexto, la política ambiental ha sido fundamentalmente correctora, en la medida que tales correcciones incorporaban una oportunidad de negocio para la industria de la construcción y de bienes de equipo. La dimensión de ordenación y de planificación que una auténtica política ambiental y de sostenibilidad debe implicar, incluso sin traspasar un milímetro los límites de la lógica capitalista, han sido relegadas a la elaboración bientencionada de documentos “estratégicos” la mayor parte de los cuales no han traspasado el nivel declarativo. Esta necesidad de ganarse la credibilidad a través de una interpretación de la sostenibilidad aceptable para el empresariado español ha lastrado gravemente la posibilidad de incidir en la marcha de la política económica y, por tanto, de reorientar el curso del modelo porductivo en una dirección sostenible

Dos ejemplos permiten ilustrar lo dicho. El primero tiene que ver con la calidad de las aguas continentales. En virtud de la Directiva 91/271 todos los municipios con una población> ó = 2000 habs equivalentes viene obligadas a disponer de algún sstema de tratamiento de uss aguas residuales. El cumplimiento de la Directiva, empezado con algún retraso en el Estado español, ha supuesto una importante inyección de recursos comunitarios que ha permitido movilizar a su vez recursos estatales con los que contribuir a financiar un importante esfuerzo de inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración que ha supuesto un importante estímulo d negocio para el sector de la construcción de obra civil. Tan ingente esfuerzo inversor sin embargo, además de no haber sido capaz de cumplir con los objetivos de la mencionada Directiva, acarreando una sanción que el propio Ministro Arias asume como inevitable, no parece estar sirviendo para garantizar la calidad de los efluentes porque no solo no se ha reducido el aporte de materias contaminantes sino que las propias exigencias de amortización de las estaciones depuradoras parecen exigir un mayor volumen de carga a tratar, lo que representa un estímulo indirecto ala no corrección de procesos contaminantes en los sectores doméstico e industrial.

El otro ejemplo se refiere a los derechos de emisión asignados a la empresas industriales incluidas en el Registro de derechos de emisión (RENADE) y correspondiente al 45% del total de emisiones CO2. El régimen de asignaciones ha sido tan geberoso que las empresas no solo no han tenido que comprar derechos pagando así sus mayores emisiones (lo que se buscaba para estimular el cambio de procesos o de combustibles) sino que les ha sobrado lo que les ha permitido vender derechos y hacer negocio con unos derechos asignados a precio cero.

Los dos ejemplos utilizados permiten ilustrar bien el alcance y límites de las políticas ambientales” tanto como la naturaleza del tejido productivo español, dominado por un sector de la construcción volcado hacia la captura del negocio de los servicios públicos.

El panorama se podría completar con las políticas de “biodiversidad”, la mayor parte orientada a una política de declaración de espacios naturales protegidos en la que los regímenes de protección correspondientes suelen decaer frente a la presión de la expansión urbanística como de la construcción de infraestructuras del transporte, habitualmente ligada a la anterior. Buscando un capitalismo dispuesto a emprender la senda de la sostenibilidad, el PSOE no ha topado con un capitalismo industrial dispuesto a modificar y innovar sustancialmente sus procesos productivos , las tecnologías y las fuentes de suministro energético del que se abastecen. Lo que se ha encontrado es a la patronal de la construcción, permanentemente al lado de los gobiernos desde los tiempos de la dictadura.

El sector de la energías renovables parecía prometedor en el objetivo del primer gobierno ZP de configura un capitalismo verde. Al calor de un generosos sistema de primas a la producción de energía eléctrica (en la otras aplicaciones la situación ha sido distinta)se ha desarrollado un pujante sector de instalaciones de generación de energía que parecía llamado a sustituir, al menos parcialmente, a los sectores tradicionales en su función de tirar del conjunto de la economía. La complicada situación del sector eléctrico y, sobre todo, la inmensa capacidad de presión de las grandes compañías que lo controlan en régimen de oligopolio efectivo de oferta en prácticamente los segmentos del negocio, ha obligado al gobierno del PSOE a modificar el régimen de las primas como paso previo a las medidas del PP suprimiendo las misas para las nuevas instalaciones.

Se cercena así un proceso de maduración tecnológica que podría haber supuesto una importante contribución para modificar sustancialmente el mix energético con efectos de una sustancial reducción de sus emisiones de GEI

Crisis ecológica en el Estado español2La versión española del “capitalismo verde” se distancia bastante de las esperanzas puestas en él en la fase ascendente del ciclo económico. En la actualidad, su tonalidad ambiental la parece mostrar las presiones inducidas para acabar con las restricciones que suponen a la actividad económica determinadas normas “intervencionistas” como la ley de Costas. En efecto, en la presente situación de crisis económica, el capitalismo español se vuelve sobre sus antecedentes que tanta gloria le depararon durante la dcitadura: bajos salarios, supresión de derechos sociales y laborales y, en lo que atañe al punto que aquí se toca, absoluta supresión de cuantas barreras ambientales puedan frenar los procesos de “acumulación primitiva” con los que parece que el capitalismo nacional y el Gobierno del PP pretenden salir de la crisis.

La crisis de las políticas ambientales del PSOE señala también los límites de una determinada forma de intervención del movimiento ecologista, en buena medida caracterizada por una labor-indispensable- de seguimiento y vigilancia de la normativa y las políticas y su adecuación a los stándares comunitarios, valorados como el horizonte paradigmático de estas políticas. Durante estos años, en particular durante el mandato de la ministra Narbona, los grupos ecologistas han operado como aliados eficaces de las iniciativas reformadoras del Gobierno, en su labor de identificar atentados ambientales y trasladarlos a la opinión pública y alas propias esferas de decisión política, con frecuencia cortocircuitadas por aparatos administrativos renuentes a estas políticas. Sin abandonar estas tareas, el movimiento ecologista del que los anticapitalistas formamos parte, debe pasar a una fase más “autónoma” en laque la elaboración, difusión y explicación de sus propuestas debe jugar un papel fundamental. La forma en la que deben ser presentadas estas propuestas se relaciona con el papel d elos ecologistas en las instituciones políticas y representativas. Hasta ahora, esta participación se ha limitado a su presencia en diversos órganos administrativos de participación, consulta y asesoría pero nunca en relación directa con la ciudadanía a la que solo le llega, en general, la dimensión contestataria de su actividad

  1. LAS POLÍTICAS AMBIENTALES DEL PP (“la sostenibilidad es una milonga”,(Arenas), la vuelta a la nuclear y el abandono de las eerr, “poner la costa en valor, otra vez el PHN y los trasvases”(Arias Cañete), la calidad del aire de Botella, etc).

A escasos dos meses de su toma de posesión, el gobierno del PP ha dado muestras inequívocas de la dirección de sus políticas ambientales. No es una cuestión meramente formal el cambio de los atributos que definen el Departamento competente en la materia. El “medio ambiente”-término este desgraciado desde su consagración en el art.45º de la Constitución del 78- vuelve a un lugar secundario en un Ministerio con una orientación marcadamente productivista y en el que el uso de los recursos naturales se contempla sobre todo en su dimensión de explotación económica al más bajo coste de los mismos. En el modelo de acumulación primitiva que parece ser el elegido para salir de la crisis, la “variable ambiental” no pasa de ser un coste de los considerados en lugares muy secundarios, internalizable entre los que determinan el de un bien ó servicio solo en la medida que no disminuya su competitividad. Parece evidente que el gobierno está dispuesto a asumir en incumplimiento de una buena parte de la normativa comunitaria alegando la grave situación de recesión y estancamiento d la economía española. Eso es perceptible ya en materia de aguas pero también en materia de costas dónde desde el primer momento se ha apostado por contrarreformar la ley de costas para suprimir las restricciones que supone a la continuación de actividades económicas ó a la continuidad de las antiguas con efectos degradantes para los ecosistemas del litoral. Y lo va a ser, a buen seguro, en la lucha contra el cambio climático, en la que el fracaso de Durban será un buen pretexto para abandonar cualquier intento por modificar las pautas de producción, distribución y consumo de la economía española en la dirección de su desintensificación energética y su descarbonización. Se ha visto asimismo con el anuncio del nuevo plan de infraestructuras, transporte y vivienda en el que de nuevo se contemplan inversiones mil millonarias para autovías y AVEs, ambas muy consumidoras de energía y por tanto generadoras de emisiones GEI. Los dos ejes que han alimentado la burbuja de activos inmobiliarios, la política de infraestructuras y la expansión del parque inmobiliario, vuelven a colocarse en el centro de las intenciones políticas del Gobierno para orientar el futuro de la economía española. La novedad ahora parece estar en el nuevo papel del sector privado en el desarrollo de esta política, pasando de mero ejecutor de las inversiones a proveedor directo de los servicios, naturalmente a cambio de una remuneración percibida por tal prestación que, si satisfecha al principio por el Estado en concepto de canon, abre la puerta a la privatización absoluta de los mismos. Con la entrada en este régimen de provisión, fácil es advertir los estímulos de toda índole que se van a arbitrar para el uso indiscriminado de estas autovías, empezando por la penalización de medios de transporte menos agresivos como el ferrocarril para mercancías

  1. Este retroceso histórico en las políticas ambientales no hace buenas, sin embargo, las emprendidas por los gobiernos del PSOE. Pero, sobre todo, no las hace más posibles que cuando se intentaron en coyunturas más favorables. A juzgar por algunas de las reformas emprendidas por este gobierno y saludadas por el conjunto de la clase empresarial y financiera, estas políticas de contrarreforma tiene vocación de cambiar de época en los equilibrios de fuerza que han caracterizado la vida política española desde el comienzo del régimen de la transición y, entre ellos, los tímidos avances experimentados en las políticas ambientales. Que en modo alguno pueden ser calificadas, como ha hecho el director ejecutivo de Green Peace de “Estado del Bienestar ambiental”. Esta licencia retórica expresa bien lo que era el horizonte en el que inscribía su acción el primer gobierno de ZP pero carece de fundamento jurídico alguno toda vez que el alcance tenor del precepto constitucional que consagra el derecho de todos a “un medio ambiente adecuado al desarrollo de su personalidad”, no pasa de ser un mandato a los poderes públicos sin fuerza alguna de obligar y, sobre todo, sin régimen de tutela alguno ante los tribunales, lo que le convierte en una mera invocación retórica. En efecto, no existe derecho alguno subjetivo al medio ambiente ni a ninguno de los elementos que lo integran por lo que la figura, con ser ingeniosa, carece de contenido materia alguno. Ni capitalismo verde, ni Estado del Bienestar ambiental, ni ecologismo de colaboración y participación, la crítica ecológica, para serlo, precisa situarse fuera de la lógica y de las categorías que han conformado la política ambiental en las décadas pasadas. Está obligada, de nuevo, a proveer de argumentos y de propuestas a las luchas anticapitalistas.
  1. LOS LÍMITES DE LOS PARTIDOS VERDES EN LA CRISIS ACTUAL DEL CAPITALISMO.

En este contexto histórico las perspectivas de los partidos verdes distan de ser claras. Su nacimiento a fines de los setenta del pasado siglo parecía inaugurar una vía de renovación y ampliación del campo de la izquierda revolucionaria, especialmente en Alemania donde su irrupción vino a dar cobertura institucional a las luchas extraparlamentarias de la época. Su evolución, sin embargo, muy pegada a la de las instituciones comunitarias y de la socialdemocracia europea, hace tiempo que se ha decantado por una vía fundamentalmente institucionalista que ha llegado a su cénit con el apoyo a las intervenciones militares de la OTAN.

En el Estado español, los diversos intentos por fraguar un partido verde han tenido escaso éxito, no en pequeña medida por la hostilidad declarada del aparato guerrista del PSOE en el que se integraron antiguos ecologistas que nunca pudieron aceptar que el movimiento ecologista pudiera seguir una trayectoria distinta de su peripecia personal. No obstante lo cual, la evolución de las políticas ambientales y la creciente atención por los problemas ambientales en los medios de comunicación de masas han incrementado el peso de las corrientes favorables a una intensificación de la normativa y las políticas ambientales, precisamente reflejando una tendencia a la mejora de la calidad de vida que establecería un parangón, para las clases medias de nuestros días similar a lo que fué el Estado del Bienestar para las clases trabajadoras de mediados del siglo XX. Equo ha pretendido jugar ese papel en las recientes elecciones generales y no es descartable que enel futuro pueda desempeñarlo siquiera sea parcialmente. La izquierda anticapitalista se equivocaría percibiéndolo como un enemigo a batir. Aún si su programa presentara ambiguedades de las políticas ambientalistas, el curso de los acontecimientos debe empujara su militancia, muchos de ellos provinientes del campo ecologista, a encontrarse compartiendo luchas con la gente anticapitalista

  1. La crítica ecológica del capitalismo- critica categorial- permite asimismo evidenciar algunas concepciones clásicas de la izquierda y, entre ellas, el propio contenido del socialismo. Porque si socialismo es “solo” acabar con la extorsión de plusvalía por los capitalistas privados, distribuir mejor los excedentes y la riqueza y cambiar la titularidad de los medios de producción, todo ello sin tocar la lógica de la producción de valor y el mantenimiento del trabajo abstracto como mediación esencial de las relaciones sociales contemporáneas, hay que decir que se distingue poco del capitalismo tal y como lo conocemos en la actualidad. En las últimas décadas ha sido frecuente comprobar cómo los trabajadores y sus organizaciones se alineaban con los capitalistas en la defensa de industrias contaminantes por la defensa del puesto de trabajo (ver Garoña). ¿Es necesario más para comprobar cómo la defensa de los empleos y de categoría “trabajo” encierra al movimiento obrero entre las categorías del capital, como uno de sus elementos conformantes? (capitalismo no es solo explotación)
  2. La LUCHA EN DEFENSA DE LOS COMUNES, UNA OPORTUNIDAD PARA FORJAR UN BLOQUE SOCIAL ALTERNATIVO AL DOMINANTE.

Crisis ecológica en el Estado españolEn el momento actual, las luchas ecologistas presentan una oportunidad desconocida hasta la fecha de agrupar amplios sectores en defensa de los bienes comunes y de los servicios públicos. El ejemplo de la lucha contra la privatización del CYII, en la que hasta el PSOE parece verse obligado a entrar es el más actual de los ejemplos que ilustran este aserto. Los anuncios del Ministro Cañete de reformar la ley de Costas para poner en valor la costa y “compatibilizar la protección del DPMT con el respeto a las propiedades privadas afectadas por su aplicación” hace temer lo peor. Es obvio que no se trata de “defender la ley de Costas”, sino de salvaguardar unos bienes comunes excluyéndolos del tráfico jurídico privado y de la posibilidad misma de constituir objeto de apropiación. En la lucha por los comunes parece efectivamente posible articular un amplio bloque social opuesto al que ha soportado y se ha beneficiado de las políticas habidas hasta la fecha sobre el litoral. La demagogia populista, puesta al servicio de los intereses oligárquicos que se han enriquecido con el expolio de los bienes comunes, ha constituido una de las puntas de lanza de la derecha contra el gobierno del PSOE. La consigna de “agua para todos” ha conseguido agrupar en torno a los gobiernos del PP de valencia y Murcia amplios bloques sociales reivindicando el mantenimiento de los trasvases desde la cuenca del Tajo (“nacionalismo hidráulico”). La visión ecológica debería postular, frente a tan demagógica consigna, la defensa del conjunto d los ecosistemas hídricos “productores de agua”, junto con una escala de prioridades en el uso dela agua que erradicara aquellos suntuarios y de imposible sostenibilidad (como los campos de golf en climas semiáridos como los del sudeste peninsular).

La defensa de esas posiciones conduce inexorablemente al ecologismo al enfrentamiento con la lógica capitalista. Contra lo que algunos postulantes del capitalismo verde quisieran defender, las exigencias ecológicas se manifiestan cada vez más incompatibles con el mantenimiento de la lógica de producción y acumulación de valor, con la lógica de un capitalismo sumido en la peor crisis de las últimas décadas. Como dice Jorge Riechman “cada vez hay menos tiempo” y el capitalismo nos roba una parte de este tiempo, tiempo de supervivencia de la especie y la biosfera. ES SU VIDA, LA VIDA DEL CAPITAL, CONTRA LA NUESTRA, HAY QUE ACORTARSELA.

  1. ALGUNAS PROPUESTAS ECOLOGISTAS PARA UN PROCESO CONSTITUYENTE.

Las luchas ecológicas tienen que alimentar las luchas de ruptura que, cada vez con más fuerza, se van a dar en el Estado español. En su ya larga historia, se han centrado preferentemente en la denuncia contra las agresiones a los bienes comunes perpetradas por un capitalismo depredador que ahora parece volver por los fueros que nunca abandonó del todo. En la fase actual, cuando la preocupación ecológica ha ganado a amplios sectores de la sociedad, y el capitalismo y el Estado parecen decididos a suprimir las débiles restricciones ambientales vigentes, es probable que la lucha ecológica deba dar un salto adelante, informando con sus críticas y propuestas la dinámica constituyente y de ruptura con el régimen del 78 que de forma embrionaria apunta en diversos puntos y sectores de la población.

No se trata de enunciar una propuesta de reforma de la Constitución sino de señalar algunos elementos que deberían hacer parte de un proceso de ruptura ecologista y por lo tanto anticapitalista. Entre ellos, creemos que serían fundamentales:

    1. Proclamar los derechos al agua y al aire como derechos fundamentales de los consagrados en el Título I de la actual Constitución
    2. Demanializar el conjunto de los recursos naturales (el conjunto de los ecosistemas hídricos y litorales, la ribera del mar, la plataforma continental, la mayor parte de los montes anteriormente calificados como montes protectores, etc
    3. Someter a gravamen, en el marco de una profunda reforma fiscal, el uso de los recursos naturales y materias primas, de acuerdo con una escala de base imponible que penalice los usos insostenibles.
    4. Recuperar la condición de servicio público para el suministro de electricidad
    5. Potenciar los servicios públicos de abastecimiento de aguas, dotando a las administraciones competentes de los recursos de toda índole precisos para garantizar el acceso a este derecho fundamental