Estado y soberanía en la época de la crisis financiera

Estado y soberaníaJosé Errejón

Miembro del Colectivo Germinal

El pacto por el euro, la modificación del Tratado constitucional y la propia reforma del art 135º de la Constitución española, son hitos decisivos en la pérdida de soberanía del Estado español. Con razón se podría alegar lo poco que pierden las capas populares con esta pérdida de soberanía. Es verdad, la soberanía de los Estados, especialmente la del Estado español, ha sido siempre un arma contra los trabajadores y los pueblos sometidos a la misma. Ha sido sobre todo la posibilidad de declara el estado de excepción que decía Carl Schmidt, y prolongarlo durante decenios, el atributo más visible de esta soberanía. No obstante lo cual, en determinadas ocasiones favorables para la expansión de la tasa de ganancia media del capital, y cuando el ascenso de las luchas sociales ha hecho posible la existencia de gobiernos “progresistas”, se han podido implementar políticas estatales contracíclicas que están hoy expresamente excluidas por el reformado y antecitado precepto constitucional.

El futuro próximo se presenta ciertamente sombrío. Si conseguir el objetivo del 2,8% de déficit para 2016 como pretende el proyecto de ley de PGE se presenta como un objetivo casi inalcanzable, que podría, además, en un contexto de incertidumbres crecientes sobre el rumbo de la economía global, representar un freno a la recuperación de la que alardea el Gobierno, es fácil imaginar los efectos que se pueden derivar de las políticas puestas en marcha para alcanzar el 0,5% de déficit para 2020 como pretende la Ley de estabilidad Presupuestaria1 .Solo hay un camino seguro para conseguir este objetivo, desmantelar los restos del Estado social y sus prestaciones, atacando muy en primer lugar el sistema de pensiones públicas, reducir el empleo y los salarios públicos, suprimir cualquier política de inversiones públicas que no vaya destinada a socializar los costes de explotación del capital privado.

Se revela con facilidad el papel esencial del Estado en la actual coyuntura de crisis del capital. El que le reservan los grupos oligárquicos que lo patrimonializan lo hemos visto. Falta preguntarse si es pensable y posible otro papel asociado a la gestión de los asuntos públicos en beneficio de la mayoría. Si esta organización de la convivencia puede incluir la definición misma de las necesidades de la mayoría para orientar el conjunto de las actividades económicas a su satisfacción, si puede garantizar el mantenimiento de las funciones esenciales de los sistemas naturales que son soporte y albergue de la vida en sociedad, si puede garantizar la libertad para las personas y los colectivos .Si es posible, en suma, la democracia, el gobierno del pueblo y para el pueblo.

Esa pregunta es, de por sí, un grito subversivo. Porque entre nosotros se ha identificado la democracia con el gobierno de las oligarquías que se suceden en la ocupación del Estado sin un propósito distinto que el desarrollo del trabajo asalariado, los unos para extraerle el máximo de beneficio y los otros, sin renunciar a esta principalísima función, compensándola con la de ofrecer beneficios a los productores del valor y la riqueza social. La cuestión ahora es pensar la democracia y el estado par el gobierno de lo común por lo común, cómo dice Ranciére, la democracia es el gobierno de los que carecen de título alguno para ejercerlo.

Enfoque de la refundación del Estado, enfoque constituyente, “empezar de nuevo”.¿ Es este enfoque pensable ó pertenece al mundo de los delirios que atormentan a nuestra especie y desembocan en el totalitarismo?. La respuesta a esta interrogante constituye, por sí misma, el objeto de un ensayo independiente del presente pero cabe apuntar aquí alguna idea.

El Estado ha estado asociado desde sus orígenes al trabajo asalariado. Poner a trabajar a la multitud, poner fin a la dispersión y la holgazanería reinante entre las capas populares ha sido de siempre, el objetivo de las minorías rectoras políticamente organizadas. Al servicio de este designio constituyente que lo es al tiempo del naciente capitalismo, el Estado ha ido desplegando a lo largo de los siglos, un arsenal de dispositivos nornativos, educativos, represivos, higiénico-sanitarios, militares, fabriles, etc hasta culminar con las normas de última generación destinadas a poner a trabajar, a poner en valor a los recursos naturales mediante su asignación como derechos de propiedad. En tanto que tal, en tanto que separador de las esferas de lo económico y lo político para afirmar y garantizar la asimetría esencial de lo primero y la “igualdad” abstracta y ficticia de lo segundo, es completamente legítima la posición que afirma el antagonismo irreconciliable entre el Estado y la autodeterminación, el Estado y la democracia.

¿Es concebible otro Estado, otra máquina de gestionar y administrar lo general ó, mejor, lo común sin someterlo a apropiación y sin operar esta separación abstracta y alienante que asegura la permanencia del trabajo asalariado y la mercancía más allá de los límites en los que la misma pone en peligro el porvenir mismo de la especie?. ¿Es posible un Estado verdaderamente gestor y administrador de los asuntos generales, un Estado orientado a la satisfacción de las necesidades, a la protección de los derechos y libertades, a la conservación del patrimonio común y natural?.

¿Es posible refundar el Estado en España, después de una historia secular en la que su característica principal ha sido servir de instrumento de opresión de las capas subalternas por la minoría oligárquica y explotadora?. Todo Estado ha nacido entre la sangre, la violencia y la opresión y el español no ha sido una excepción. Pero no es menos cierto que, para perdurar, esa violencia original ha debido ser sustituida, al menos parcialmente, por alguna variedad de pacto ó acuerdo entre los grupos dominantes y los de abajo. Un acuerdo en el que se consagran los derechos que uno y otro se reconocen recíprocamente, en el que se intercambian “bienes”.

Los de arriba buscan el reconocimiento de su derecho a mandar y a imponer sus objetivos y criterios para la dirección de la comunidad. Necesitan el reconocimiento de ese derecho para ahorrase el ejercicio permanente de la violencia opresora. La guerra no desaparece del imaginario colectivo y para recordarla el Estado se hace presente a través del arsenal de sus dispositivos coercitivos, disciplinarios y de control. Pero debe ser practicada, en lo sucesivo, cómo ejercicio del orden y del derecho reconocido en el pacto fundacional, lo mismo que la represión contra el huelguista es practicada en ejercicio del orden patronal.

El momento fundacional del Estado español contemporáneo es la victoria del ejército faccioso el 1º d abril de 1939. La Constitución de 1978 en modo alguno puede ser vista como acto fundacional alguno (no es casualidad la ausencia d proceso constituyente), lo que se ha pregonado como el “modelo español de transición a la democracia”, la continuidad entre el Estado terrorista del 18 de julio del 36 y la monarquía parlamentaria/constitucional, solo puede explicarse por la debilidad de las fuerzas impugnadoras del orden terrorista y por la intención de una parte de los grupos dominantes y beneficiarios de ese orden, de modificar las formas de su dominación, suprimiendo algunas disfuncionales para garantizar la continuidad de la misma e incorporando otras exigidas parta el ingreso en la comunidad europea de los negocios. Pero sin renunciar, en ningún momento a la espina dorsal del Estado del 18 de julio, un ejército de ocupación y unas fuerzas represivas formadas y educadas en la represión permanente del pueblo trabajador, todas ellas bajo el mando de un jefe de Estado nunca elegido sino designado por el jefe de la banda facciosa del 18 de julio.

Del lado de los grupos subalternos, sus intereses en el pacto fundacional consistían en una primera fase, en no ser aniquilados a manos de los vencedores y, más adelante, el obtener la provisión de los bienes esenciales para la supervivencia a cambio del trabajo sometido. En el caso español, el primer momento se prolonga por décadas, si bien es verdad que la banda militar reinante y los grupos beneficiados de su reino ,buscan “diversificar” sus fuentes de legitimidad basada fundamentalmente en la satisfacción de las necesidades más inmediatas como el comer, vestir, alojarse, etc, después de que las masas subalternas hubieran probado su disposición a la sumisión (es de resaltar aquí la perversa función que desempeñaron durante años los festejos del1º de mayo en los que el régimen verificaba periódicamente e estado de esa sumisión). Cuando, muerto el dictador, las clases dominantes y una parte de la organización facciosa ocupante del Estado proponen un cambio en el régimen de dominación que sufren, las capas subalternas, orientadas por las organizaciones políticas y sindicales a las que reconocen como propias y sin ningún tipo de protagonismo, aceptan ó consienten la continuidad del Estado con la promesa del mantenimiento del “bienestar” alcanzado, incrementado por las posibilidades de participación en un mercado más amplio con reglas de convivencia “democráticas”.

Ruptura del pacto social por la derecha

Esa prolongación del “pacto fundacional del 18 de julio” a la que hemos dado en llamar Constitución parece estar agotando su vigor como fuente de legitimidad, es decir su capacidad para mantener el dominio de los de arriba sin recurrir a la violencia desnuda. No solo y ni siquiera fundamentalmente porque los de abajo hayan dicho que el orden resultante de tal pacto les resulte insoportable sino porque los de arriba no consiguen estabilizar las fuentes de sus privilegios y, para restaurarlas, proyectan redistribuir el poder y las riquezas en su beneficio, para lo que necesitan infringir una derrota histórica a los de bajo y a las instituciones en las que se ha consagrado el anterior pacto social (la famosa “correlación de fuerzas”).

Es cada vez más clara la orientación rupturista de las clases dominantes y la situación económica les presta una cobertura de objetividad, ya inaugurada con la reforma del art. 135º de la Constitución. Le ha seguido un amplio arsenal de leyes y políticas orientadas a salvar las entidades financieras en quiebra con cargo endosándole la carga al contribuyente, favorecer al recuperación de los márgenes de beneficio y las rentas empresariales y encerrar las salariales en una secuencia devaluatoria para mantener al secuencia virtuosa de los beneficios y la “competitividad”. El fruto de todas ellas es presentada por el Gobierno y los sectores económicos dominantes, junto con la recuperación de la confianza de los ercados internacionales y el aprovechamiento de la depreciación del euro respecto al dólar y la caída de los percios del petróleo, como la base de la recuperación económica.

En este contexto, ya hay voces que reclaman pasos más decididos para tirar por la borda el lastre (la “grasa”) de las autonomías y los sindicatos. Apuntan, en realidad, al corazón del estado del bienestar, cuyas políticas centrales (sanidad, educación, vivienda) son competencia de las CCAA. Es por eso que la siguiente andanada se dirigió a recortar 10.000 millones en las dos primeras materias sin esperar a que entrara en vigor la ley de presupuestos que les asestó muy duros recortes.

Pero esta voluntad rupturista se evidencia asimismo en la ampliación del arsenal represivo contra cualquier forma de disidencia. La imposición de durísimas sanciones administrativas2 por “desobediencia a la autoridad”, así calificada por la simple declaración de la policía en ejercicio de su presunción de veracidad, inician una nueva época de permisividad y tolerancia cero. Discutir a un policía una decisión, exigirle su identificación (máxime cuando se ha generalizado la impune actuación de policías de paisano de aspecto no precisamente tranquilizador, especialmente con ocasión de manifestaciones y funciones claramente provocadoras), expresar una protesta pacífica por lo que se considera una actuación injusta, arbitraria, cruel (frecuentemente, todos estos atributos se dan juntos en la actuación de la policía), será motivo de una detención normalmente violenta y humillante, además de la secuela de presentación de cargos y multas de cuantías tan elevadas que disuadirán a la mayoría del riesgo de la sanción, inhibiendo la expresión del disenso que es de lo que se trata.

Estas son las nuevas condiciones del pacto social ó, para decirlo correctamente, las condiciones para un nuevo pacto social. Las clases y castas dominantes desean borrar de la agenda pública” y del imaginario colectivo, la práctica de la protesta y el ejercicio mismo de los derechos ciudadanos. Una sociedad agobiada por el paro, la incertidumbre y la pobreza va a ver fuertemente limitadas sus posibilidades de expresar su disconformidad con el ejercicio del poder, del poder empresarial tanto como del político. Es claro que la derecha gobernante pretende “bajarle los humos” al sector más activo de la ciudadanía y especialmente a ese sector de la juventud precaria y altamente educada que desde el 15M del pasado año ha discutido en las calles la legitimidad del ejercicio del poder por políticos y banqueros. Los poderosos quieren abrir otro tiempo, el tiempo de las personas normales que trabajan (si tiene empleo)y consumen (si tiene dinero), que no “necesitan manifestarse ni hacer huelgas”, la gente que dominada por un prudente temor, mira para otro sitio cuándo la policía acosa a los inmigrantes. Acabar con los movimientos sociales, una anomalía que no cabe en el universo neoliberal, acabar con el protagonismo social y ciudadano (la sociedad no existe, sólo el Estado y el mercado decía la Tatcher), las únicas relaciones sociales que necesita el individuo es el trabajo si tiene suerte para encontrarlo ,el mercado si tiene dinero para comprar mercancías y el Estado para pedir y votar cada cuatro años, si se ha portado bien y no se ha metido en política, obligando al Estado y a sus cuerpos represivos a dar una lección a los incorregibles metomentodo

Se impone (otra vez!) un tiempo de silencio, un tiempo de mansedumbre necesario para que los amos del sistema puedan encontrar el clima indispensable para recuperar la senda de las espléndidas ganancias, las que harán posible, si todos colaboramos, que vuelvan los empleos ; eso sí, con salarios razonables que cuándo los de abajo quieran sacar la cabeza, ya habrá de nuevo condiciones para poner en marcha de nuevo la máquina del endeudamiento. Se terminaron para siempre los absurdos sueños de redistribución que tanta inestabilidad trajeron a las sociedades contemporáneas, llenado la cabeza y el corazón de los de abajo de ideas peregrinas. Hay que ofrecer a los inversores y a los grupos pudientes garantías de que, efectivamente, esos sueños pasaron a mejor vida y nunca volverán. Esa será la condición para que tales grupos contribuyan, siquiera sea modestamente al principio, a mejorar los ingresos públicos. Es esa la razón de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno, junto a otras medidas todas ellas destinadas a recuperar la confianza del dinero.

El camino de la renovación del pacto social en la versión de la derecha indica un horizonte de certidumbres para el capital financiero nacional y extranjero. La crisis que se ha iniciado en 2007 ha sido el escenario de contiendas de alcance histórico, alguna de la cuales no han tenido el relieve merecido. Una de las más importantes ha enfrentado a los Estados periféricos, entre los que se encuentra España, con los mercados financieros, en realidad con el capital bancario. Y la prueba no ha podido ser más concluyente: desde el punto de vista sistémico, es mayor la relevancia otorgada al mantenimiento de las entidades financieras- eso sí, debidamente racionalizadas/concentradas- que la continuidad de las funciones otrora (durante los “30 dorados”) consideradas esenciales de estos Estados. Los durísimos ajuste impuestos a Estados griegos, irlandés, portugués y español señalan claramente el perfil de la anatomía estatal para los próximos tiempos. Una percha importante para hacer frente a las obligaciones de las deudas socializadas, una reserva para pensiones que se irá adelgazando y reconvirtiendo a una herramienta de caridad y beneficencia asentadoras de la ideología de la sumisión, una función pública menguante y tendente a su reducción a los puros aparatos represivos y coercitivos. La organización de la convivencia social, tal y cómo se diseña por las élites gobernantes, el banco, la bolsa y la compañía de seguros son más importantes que los Departamentos de educación, sanidad ó servicios sociales. No es que el Estado nación vaya a desaparecer pero sus mutaciones-al menos por estas latitudes- van a ser tan importantes, que sólo a falta de otra mejor podremos seguir utilizando tal denominación.

Es claro que, en ese contexto, la forma del Estado español configurada por la Constitución del 78 y su desarrollo, va conocer grandes cambios. De los más importantes sin duda serán los relacionados con la distribución territorial del poder y las competencias administrativas. Se va asentando un estado de opinión que percibe a las autonomías y a la descentralización política cómo costosos juguetes inadecuados para tiempos de estrecheces como los actuales. Y, con las autonomías, se van otras características del Estado pomposamente calificado como “social y democrático de Derecho” por el art.1º de la Constitución.

Lo “social” desde luego, lo hemos reiterado en estos comentarios. Se terminó el tiempo de la compatibilidad del capitalismo con la dimensión social, la seguridad contra la vejez, la enfermedad y el infortunio deberá ser adquirida en el “mercado”, si se ha sido capaz de ahorrar para ello. Por de pronto Rajoy ya anuncia el pago en función de renta (¿es que la sanidad no se paga en el IRPF en función de renta, claro está, los que pagamos?) de los medicamentos, incluyendo a los pensionistas. Todo sea por el cumplimiento del dichoso déficit, aunque según parece, sólo alcanzaremos el objetivo del 3% en 2018. Lo dice el FMI, el mismo que se lamenta del “riesgo de que la gente viva más” (aunque no avanza, tal vez por pudor, ninguna “medida técnica” para atajar el problema).

Esta condición vicaria y servil del poder político respecto a los interese de las grandes corporaciones se ha visto también con ocasión del vergonzoso incidente de la expropiación del 51% de las acciones de YPF en poder de REPSOL. Es tal el nivel de corrupción del lenguaje y la cultura política en nuestro país que un mero acto de soberanía como es la recuperación de los títulos de posesión de una empresa por el gobierno de su país, ha sido contemplado y calificado como un acto de piratería, sacando a pasear desde el Gobierno y desde los medios afines un rancio discurso patriotero encaminado a distraer la atención sobre la gravedad de la situación en que ha entrado la sociedad española como consecuencia de la torpeza, la incompetencia y el servilismo al capital financiero que inspira las políticas gubernamentales. Un proceder bravucón que se desinfla por momentos cuándo comprueban que ni USA ni la UE están dispuestos a ir más allá de una condena formal de la decisión del gobierno argentino. Esta nueva pifia, que recuerda mucho la de la isla Perejil, caracteriza bien la naturaleza del Estado español y la firmeza de sus actos.. Un Estado cada vez más instrumento de poder de los de arriba e incapaz de resolver los problemas de la sociedad cada vez más en manos de los poderes financieros tiene difícil renovar las fuentes de la legitimidad de su ejercicio, no puede contar con el apoyo y ni siquiera con la obediencia de los ciudadanos, cada vez más convertidos en súbditos.

Dictadura revestida de hegemonía” decía Gramsci del Estado en su tiempo y esa fórmula explica bien la historia del ente estatal desde sus orígenes. El Estado español hoy incrementa paulatinamente su dimensión de coercitividad en detrimento de la hegemonía, creación de legitimidad, “Estado ético”. Cada vez reflejará menos la sociedad, cada vez estará más por encima de ella, como un cuerpo adherido a su piel, succionando/expropiando sus energías menguantes en términos de trabajo, capacidad de cooperación, potencia social. Cada vez reflejará más los intereses desnudos de la casta que lo ocupa y de los grupos a los que sirve a cambio de su mantenimiento como casta. El intercambio posible con la sociedad trabajadora deberá ser, cada vez más, imposición y expolio y el pacto fundador del orden volverá a ser la promesa de no exterminio a cambio del trabajo y la sumisión de la población.

18 de septiembre de 2015

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1 Y eso para situaciones excepcionales como catástrofes, recesiones ó emergencias, en otro caso el PP apunta directamente a déficit cero ó a superávit (PSOE y PP ya pactaron el 0,4% como déficit estructural máximo en agosto del 2011).

2 Cínicamente persentadas como una despenalización del reproche jurídico de algunas infracciones, cuando lo que se hace es dejar sin protección jurídica los derechos del sancionado frente a la que más que posible arbitrariedad policial

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