Otro tiempo

Otro tiempoJosé Antonio Errejón, miembro de Germinal

Dice Sol Gallego en su columna en El País del pasado 26 de julio que habrá debate constitucional pase lo que pase el 27-S. Incluso con una derrota de la lista soberanista ya no podría impedir el planteamiento, más ó menos amplio, de la reforma constitucional. Ya salta a la vista hasta para los sectores sociales menos informados que las costuras del marco constitucional del 78 han saltado y tiene difícil remiendo.

Que salten primero las “costuras territoriales” solo prueba el enorme retraso y debilidad de los proyectos que se dicen de ruptura para plantear proyectos alternativos de país. Porque es que es más que evidente que las propuestas de país que a duras penas se consagraron en la Constitución del 78 hace tiempo que no coinciden con la realidad.

Hace tiempo que el contenido del artículo 128º –aquel que subordina toda la riqueza del país al interés general y el que posibilita la intervención de empresas cuando así lo exija dicho interés general (¿no era de interés general haber intervenido las entidades financieras en vez de salvarlas con dinero de los contribuyentes que nunca se va a recuperar?)- sólo provoca sonrisas compasivas de parte de la casta y vergonzantes de parte de quienes debieran ser sostenedores y garantes de este precepto constitucional.

O más aún el del 131º que prevé la posibilidad de planificar la actividad económica

“para atender las necesidades colectivas, armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el aumento de la renta y la riqueza y su más justa distribución”

O el 35º cuando reconoce el derecho a una retribución suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Y no digamos los incluidos como “principios rectores de la política social y económica” entre los que destacan el mandato a los poderes públicos a que realicen una política orientada al pleno empleo, el derecho a la salud, a un medio ambiente adecuado al desarrollo de su personalidad o al disfrute de una vivienda digna y adecuada.

No es que el vaciamiento del contenido del Título VIII sea irrelevante. La modificación del artículo 135º, la promulgación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la instrumentación de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica y las ayudas para el pago a proveedores con sus planes de ajuste que inevitablemente recuerdan las imposiciones de la troika a Grecia y que incluyen “recomendaciones” en orden a reducir el peso del sector público en las CCAA, representa una ofensiva en toda la regla contar el derecho a la autonomía proclamado en el artículo 37º como uno de los consensos esenciales del régimen del 78.

La derecha y las clases dominantes no parecen haber sentido nunca la necesidad de reformar la Constitución para adecuarla a las nuevas realidades que se han ido imponiendo desde el día siguiente a su promulgación. Todavía obtiene provecho de su invocación para paralizar y neutralizar la constitución de los nuevos sujetos sociales que la gente de abajo necesita para tratar de equilibrar la asimetría instalada en las relaciones sociales.

¿Es entonces la gente de abajo la que necesita de una nueva constitución, de un nuevo marco regulador de las relaciones sociales? ¿Es la promulgación de una nueva constitución lo que postulamos los que defendemos el proceso constituyente?

La Constitución del 78 era la constitución de la relación salarial, la constitución del trabajo productor de valor y capital, aquella en la que la producción de valor y plusvalor (el crecimiento económico y la generación de empleos) podía generar recursos suficientes para financiar los servicios públicos que harían efectivos los derechos consagrados por ella.

Pero desde los 80´ el aumento de la productividad derivado de la revolución microelectrónica ha hecho cada vez más superfluo el trabajo humano en la producción. Esa reducción del trabajo en la producción de valor ha sido “compensada” en nuestro país por los empleos creados por la expansión de los sectores inmobiliario y de la construcción generados por las inversiones que, no pudiendo aplicarse en sector productivo alguno, acudían generosamente al ladrillo con el estímulo de las políticas urbanísticas y fiscales orientadas al negocio de la producción inmobiliaria.

Y ha experimentado un salto cualitativo con la creación del euro y la existencia de capitales ociosos pendientes de aplicar que han acudido al mercado financiero e inmobiliario haciendo posible el masivo endeudamiento de empresas y hogares sobre el que ha descansado la etapa española de prosperidad 1998-2007.

Entre tanto la realidad de la sociedad española ha cambiado de forma ostensible y el “acuerdo social” en que se fundamentaba su convivencia, también.

Las clases dominantes actuales, la oligarquía financiera y la clase política burocrática coaligada con ellas, no precisan ahora de pacto social alguno en el que fundar un nuevo ciclo de acumulación. El nuevo ciclo que proyectan bajo la inspiración y el patrocinio de las instituciones de la UE y del FMI se basa en un proceso histórico de desamortización de los bienes comunes para su puesta en valor unido a un fortísimo proceso de desvalorización del trabajo social con vistas a aumentar la tasa de explotación de los trabajadores ocupados relegando a una parte creciente de ellos a la pura y simple exclusión. La construcción del nuevo patrón de relaciones sociales no ha precisado cambio ni siquiera reforma constitucional alguna/1, le ha bastado los efectos del proceso de construcción de la UE sobre el ordenamiento jurídico interno culminado con la reforma del art 135º que constitucionalizaba las imposiciones de Merkel y Trichet a un pusilánime Zapatero.

Este nuevo ciclo de acumulación se ha puesto en marcha a través de un proceso de reestructuración que ha dejado sentir sus efectos en la estructura social y, desde luego, en los comportamientos y las actitudes de los grupos subalternos. La presencia y el papel de la antigua clase obrera se han ido desdibujando hasta casi desaparecer del escenario; hoy sus organizaciones apenas si comparecen para matizar, con una timidez desmoralizante, los exultantes logros de la recuperación capitalista. Las reivindicaciones salariales que en el régimen fordista constituían el motor principal que estimulaba las mejoras de productividad, aparecen casi como ilegítimas en el nuevo régimen de acumulación en el que la competitividad vía costes salariales parece como la palanca fundamental del crecimiento.

La expulsión del trabajo del circuito productivo, además de secar la fuente de producción de valor (las máquinas solas no producen valor) cercena el fundamento de la sociabilidad capitalista y, con él, la legitimidad del Estado. La efectiva desaparición del derecho del trabajo es un indicador más de la pérdida de funcionalidad del Estado

El movimiento obrero del siglo xx luchaba sobre todo por la mejora de la relación salarial en el marco de la reproducción social capitalista; mejora que era posible sobre la base de crecimiento de la economía alimentado por fuertes incrementos de productividad. Una base que alimentaba la presión sindical y política para esta mejora de la relación salarial. Hoy es el capital senil quien destruye el empleo y degrada el mundo como nunca antes. Es él el que exige rigor para los de abajo a fin de hacerlos pagar sus deudas. Es él el que cesa de producir riquezas porque no es capaz de obtener una tasa de ganancia suficiente de una fuerza de trabajo cada vez más reducida en relación con la composición orgánica del capital.

La generalización de la producción de mercancías y del salario como el modo de existencia generalizada en la sociedad capitalista no ha aumentado la polarización ente el capital y el trabajo. El hecho de poseer solamente una mercancía que ofrecer en el mercado no es ya el rasgo distintivo de una parte de la población que, por ello, portaría la esencia del antagonismo con los dueños de los medios de producción; es una compulsión generalizada la que se ven sometida la mayor parte de la población con independencia del lugar social que ocupa/2.

El vínculo entre salarios, crecimiento y productividad, la extracción de plusvalía bajo su modalidad relativa y las representaciones estructurales que todo ello implicaba han pasado a mejor vida; la implicación recíproca entre la reproducción de la fuerza de trabajo y la acumulación de capital se ha roto. En lo sucesivo las posibilidades de una coincidencia objetiva de intereses entre el trabajo y el capital como la desarrollada en Europa después del 45 y en España perseguida en la Constitución del 78 como proyecto histórico se han reducido de forma muy significativa. El reformismo de izquierda encuentra poca base cuando el nuevo ciclo de acumulación parece descansar en buena medida en el aumento de la explotación, la exclusión y la pobreza de la gente trabajadora.

Las ilusiones estatistas presentan escaso atractivo cuando vemos a los Estados determinados por el juicio que merezcan a los mercados financieros la calidad de su deuda pública y de sus finanzas en general. Estado y clase obrera se presentan como categorías dependientes del capital. Es imposible confiar en el Estado para mejorar las condiciones de la clase trabajadora y la gente de abajo si no se cuenta con un horizonte de acumulación de capital y de progreso constante de la tasa de ganancia. En esto lo que hace unos años llamábamos social-liberales no se engañan, saben bien que las únicas reformas capaces de producir mejoras en las condiciones de vida de los de abajo son las que hacen posible el aumento constante del beneficio capitalista. Son por el contrario los partidarios del reformismo “duro” los que sostienen la posibilidad de mejorar los salarios y las condiciones de vida en detrimento de los beneficios a través de la intervención del Estado los que se engañan y confunden a cuantos se plantean con seriedad la superación del capitalismo.

La mejor constitución que pudiera redactarse no permitiría avanzar un palmo en el camino de las transformaciones sustantivas del estado de cosas existente. El tiempo en el que los Estados promulgaban constituciones consagrantes de un acuerdo social para el desarrollo del capitalismo parece haber terminado con el fordismo. Desde hace cuatro décadas los Estados no regulan, son regulados desde instancias supraestatales en las que la distinción entre lo público y lo privado ha dejado de tener pertinencia, en su lugar reinan los gestores del capital financiero, verdaderos reguladores del acontecer histórico, determinando los límites en los que puede desenvolverse la acción estatal

¿A qué viene entonces la invocación del proceso constituyente?, ¿qué es lo que se pretende constituir si la época de las constituciones estatales parecería superada? Proceso constituyente es el nombre que damos a  la construcción de comunidades humanas libres de la cosificación fetichista y de mediaciones como la mercancía y el Estado. De comunidades basadas en la reciprocidad y el autorreconocimiento, en la apropiación común del saber y del conocimiento, del general intellect, en las que la cooperación y la comunicación no son impuestas sino elegidas como condición de desarrollo de la personalidad de cada uno.

Es este proceso constituyente la única oposición eficaz y con garantías de éxito al proceso de degradación ecológica, social, cultural y psíquica al que la perpetuación del capitalismo condena a nuestra especie. Ya no hay etapa intermedia de “agrupamiento de fuerzas” desde la que preparar el asalto final porque tampoco hay asalto final alguno. La tarea anticapitalista por excelencia tiene una dimensión constructiva. No se trata de renunciar a la dimensión crítica del ser anticapitalista: la colonización del conjunto de la vida social y aún de la individual por la mercancía exige una permanente actitud de alerta frente a esta dominación capilarizada. Pero reclama, con la mayor urgencia, abordar esta tarea de construcción de sociabilidades alternativas a las derivadas de esta colonización mercantil.

En vano podemos esperar potencialidades antagonistas de las subjetividades inmanentes a las relaciones sociales capitalistas. La contradicción objetiva entre las categorías funcionales de capital y trabajo sigue vigente pero los conflictos laborales concretos ya no llevan la premisa de una incompatibilidad objetiva entre los intereses del vendedor y el comprador de la fuerza de trabajo. Bien al contrario se evidencia la base común de intereses opuestos, tales como el reforzamiento de la demanda interna para “salir de la crisis” (el mantra de la izquierda realmente existente).

Quienes anhelamos la superación del capitalismo no podemos aferrarnos a figuras y conflictos que, si tuvieron determinada significación en el pasado, hoy han dejado de tenerla y ayudan poco a identificar la naturaleza y alcance de los conflictos sociales y las formas de posicionarse en los mismos a favor de la gente de abajo.

Pero mucho menos podemos centrar nuestras esperanzas en la intervención del Estado como palanca fundamental para remediar los desperfectos engendrados por el capitalismo en su fase neoliberal y potenciar el capitalismo sano y productivo, generador de riqueza y empleos, ahora ecologizados por las propuestas del Green New Deal, de un keynesianismo verde

Reivindicar que el Estado estimule el crecimiento del capital nacional (o europeo, tanto da) es tanto como postular la permanencia de la condición proletaria cuando está disminuyendo inexorablemente la cantidad del trabajo proletario empleado por el capital; lo que remite, de una u otra manera, a que el deseado aumento del empleo se haga agravando drásticamente las condiciones de trabajo y de vida de los ocupados.

La superación de la Constitución del 78 debe tomar como punto de partida las realidades sociales que aquí se han intentado describir y la fase concreta de la evolución del sistema económico y social en el que vivimos.

Pero, entiéndase bien, cuando hablamos de superación de la Constitución del 78 no estamos postulando una nueva Constitución. El problema constituyente de los pueblos de la península ibérica no se cierra escribiendo un texto por avanzado que sea. El dinamismo del acontecer social y, sobre todo, el dinamismo constituyente, la capacidad y la necesidad de innovación y experimentación en las fórmulas de convivencia social no pueden ser encerradas en un texto.

Este es otro tiempo, lo es desde hace mucho, hora es de que tomemos nota y actuemos en consecuencia

No vale la pena perder mucho tiempo lamentando la pérdida de la identidad y la conciencia de clase y de afanarse en buscar “el nuevo sujeto revolucionario”. Es nuestra existencia cosificada, el dominio de las relaciones sociales por el fetiche de la mercancía y el valor de cambio, la raíz profunda de los desastres de la sociedad capitalista en una fase de su evolución en la que los rasgos del declive aparecen de forma más nítida y, por ello, más amenazadores.

Artículo relacionado: Estado y soberanía en la época de la crisis financiera

1/No está entre las tradiciones de la derecha española el activismo constitucional

2/ No se me oculta el alcance de esta última observación que desborda con creces el objeto de estos comentarios; valga solo como referencia de los cambios en la “constitución material” en nuestras sociedades que demandarían sustanciales modificaciones en los enfoques de quienes nos hallamos comprometidos en su transformación.

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